Sobre el particular, la Sentencia T-545A/07 de la Corte Constitucional estableció lo siguiente:
 
“(…)Esta Corporación ha sostenido que del carácter  fundamental del derecho al trabajo y de la especial protección ordenada al Estado por este precepto constitucional, se desprende la exigencia legal y  judicial del respeto por la dignidad y la justicia en la relación laboral.

 Estrechamente relacionado con  lo anterior se encuentra la obligación a cargo  del patrono de proporcionar una remuneración acorde con las condiciones reales  del trabajo (Art. 53 C. P.), puesto que el salario es “la causa o el motivo,  desde el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculación  laboral”[22].

Al respecto, se ha afirmado que en materia  salarial, si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma  categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas  responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que  la predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda  interferir el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado  por la Carta Política en relación con la cantidad y calidad de trabajo.

 De manera tal que el empleador debe otorgar y  garantizar la igualdad de trato en la relación laboral. No obstante, tal y como  lo ha reconocido también esta Corporación en múltiples oportunidades, no se  trata de establecer una equiparación matemática del trabajador, puesto que “ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica  de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales.

Se  supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad  abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el  principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales  o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. 

 Por lo tanto, no  toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una  vulneración de la Constitución, pues se sigue aquí la regla general, la cual  señala que un trato diferente solo se  convierte en discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente  prohibido) cuando no obedece a causas  objetivas y razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta  cuando la razón de la diferencia se fundamenta en criterios válidos  constitucionalmente.

En consecuencia, no toda diferencia salarial entre  trabajadores que desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo  igual salario igual”, comoquiera que es posible encontrar razones  objetivas que autorizan el trato diferente.

Ahora bien,  entre las razones que a juicio de la jurisprudencia constitucional justifican  las diferencias salariales, la primera es el ejercicio de funciones o labores  diferentes entre quienes alegan la discriminación salarial y el tercero que  supuestamente recibe un trato favorable.

En otras palabras, el requisito  indispensable para que exista una vulneración del principio en comento es  precisamente la identidad de funciones entre quien alega la discriminación y  quien supuestamente resulta  beneficiado de la misma, además por supuesto, de la  existencia de una diferencia en la remuneración.

Así mismo, en  los casos de personas que desempeñan las mismas funciones y ocupan el mismo cargo,  esta Corporación ha sostenido que las diferencias salariales pueden  fundarse “criterios objetivos de  evaluación y desempeño(…)”.  

En conclusión, la labor contratada y el salario son el eje central del contrato de trabajo, respecto al salario y su esencia, es el que se pacta como remuneración con el trabador y se fija ajustado a circunstancias subjetivas, particulares y personalísimas, que diferencian dichos devengos de los demás pagos que percibe, enriquece su patrimonio, pero no son salario.